DÍA 7 DE JUNIO DE 2012
Chaparrones anticlericales
Llevamos una buena temporada empalmando chaparrones contra la Iglesia, uno detrás de otro. ¿Qué actitud deberíamos tener en la presente situación? ¿Repetir el dicho erróneamente atribuido al Quijote de Cervantes: “Ladran, luego cabalgamos”?... O ¿tal vez, hacer nuestro el pensamiento de Kierkegaard: “Toma consejo de tu enemigo”? A buen seguro que la respuesta correcta no habrá de ser simplista. Podemos percibir que detrás de cada acusación, de cada ataque, de cada incomprensión… se esconde una ocasión de purificación y de autentificación de nuestra identidad evangélica.
Ahora bien, la disposición de aprender de nuestros errores y de mantener una actitud humilde en nuestro diálogo con la sociedad, no hay que confundirla con el miedo a expresarnos sin complejos, ni con la pretensión de dar por bueno el asfixiante clima anticlerical en el que estamos inmersos. A los hechos me remito: estrangulamiento de la Escuela Católica, discriminación de la asignatura de Religión en la escuela pública, imposición de un proyecto ideológico anticristiano; linchamiento público de los obispos que se atreven a discrepar de lo políticamente correcto y trato vejatorio hacia la Iglesia; puesta bajo sospecha criminal de forma generalizada a los sacerdotes y religiosas; acusaciones de "robar al pueblo" por el simple hecho de inscribir los bienes eclesiales en el registro de propiedad; manipulación de datos fiscales y económicos hasta el punto de presentar a la Iglesia como heredera de unos privilegios franquistas… etc., etc., etc.
Uno de los últimos episodios de anticlericalismo que estamos viviendo es la polémica suscitada en torno a la exención del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Algunos partidos políticos están contribuyendo a la ceremonia de la confusión presentando mociones en ayuntamientos y parlamentos autonómicos, que propugnan el pago del IBI por parte de la Iglesia, a pesar de ser plenamente conscientes de que no tienen competencias para ello. Pues bien, digámoslo con caridad y claridad: la Iglesia no quiere tener privilegios, pero tampoco está dispuesta a ser discriminada.
La Iglesia en España no está sometida, en términos generales, a un régimen especial en materia de IBI, sino al mismo régimen que se les aplica a otras instituciones no lucrativas del país, según la Ley de Mecenazgo de 2002. En esta ley se especifica cuáles son las asociaciones que tienen derecho a solicitar la exención del IBI: fundaciones, asociaciones de utilidad pública, federaciones deportivas, ONGs de desarrollo que cumplen determinadas condiciones, embajadas, terrenos de RENFE, partidos políticos, sindicatos, confesiones religiosas que tienen reconocimiento del Estado… Para que nos hagamos una idea, el IBI eximido a la Iglesia en Madrid, supone tan solo el 5% del montante total de las exenciones concedidas al conjunto de todas esas asociaciones.
Ni que decir tiene que si un día cambiase el régimen fiscal, la Iglesia asumiría la nueva situación y seguiría sirviendo al bien común; aunque lógicamente habríamos de hacerlo con menos recursos. Confío en que después de lo explicado, se entienda mejor nuestra perplejidad, al comprobar que se ha abierto una polémica sobre el IBI de la Iglesia, de forma exclusiva, en vez de debatir sobre la Ley de Mecenazgo.
Arrastramos el falso sambenito de que el Estado español financia a la Iglesia católica. Para sustentar tal intoxicación, se han llegado a presentar ante la opinión pública datos en los que se contabiliza el dinero de los conciertos con las escuelas católicas, como un dinero de subvención a la Iglesia. ¡Lo cual ya es el colmo! En realidad, lo cierto es que cada plaza escolar de la red pública cuesta al Estado 3.518 € anuales. Sin embargo, el concierto económico del Estado con la escuela católica abona tan solo 1.841 € por plaza. Sacando la calculadora concluimos que la Iglesia ahorra al Estado sólo en materia de enseñanza del orden de 4.399 millones de euros anuales. A dicha cifra habría que añadir la cuantía del ahorro que la Iglesia supone para el Estado en materia de sanidad (con sus hospitales), por medio de Caritas, en el voluntario social… etc. El cómputo total es muy difícil de realizar, dado que algunos conceptos no son fácilmente evaluables. Pero en cualquier caso, los cálculos rondan los treinta mil millones de euros anuales. ¿Cómo es posible que se llegue a deformar y a falsear la realidad, hasta el punto de presentar a la Iglesia como un parásito social que vive del erario público?
Recientemente, un diario nacional de gran difusión y de carácter marcadamente anticlerical, publicaba un reportaje sobre las finanzas de la Iglesia. La Conferencia Episcopal Española envió un artículo rebatiendo en profundidad todas las manipulaciones del reportaje. Pero… ¡el periódico en cuestión se negó a publicarlo! (cf. www.enticonfio.org). La Iglesia quiere cuidar la actitud de sencillez y respeto, sin alimentar las objeciones del anticlericalismo. Pero nadie nos puede pedir que renunciemos a la libertad de expresión, ni a la libertad religiosa. Sabemos y confiamos en que “la verdad nos hará libres” (cf. Jn 8, 32).
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http://www.youtube.com/v/TjeGli1aI_A&fs=1&source=uds&autoplay=1
Chaparrones anticlericales
Ahora bien, la disposición de aprender de nuestros errores y de mantener una actitud humilde en nuestro diálogo con la sociedad, no hay que confundirla con el miedo a expresarnos sin complejos, ni con la pretensión de dar por bueno el asfixiante clima anticlerical en el que estamos inmersos. A los hechos me remito: estrangulamiento de la Escuela Católica, discriminación de la asignatura de Religión en la escuela pública, imposición de un proyecto ideológico anticristiano; linchamiento público de los obispos que se atreven a discrepar de lo políticamente correcto y trato vejatorio hacia la Iglesia; puesta bajo sospecha criminal de forma generalizada a los sacerdotes y religiosas; acusaciones de "robar al pueblo" por el simple hecho de inscribir los bienes eclesiales en el registro de propiedad; manipulación de datos fiscales y económicos hasta el punto de presentar a la Iglesia como heredera de unos privilegios franquistas… etc., etc., etc.
Uno de los últimos episodios de anticlericalismo que estamos viviendo es la polémica suscitada en torno a la exención del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Algunos partidos políticos están contribuyendo a la ceremonia de la confusión presentando mociones en ayuntamientos y parlamentos autonómicos, que propugnan el pago del IBI por parte de la Iglesia, a pesar de ser plenamente conscientes de que no tienen competencias para ello. Pues bien, digámoslo con caridad y claridad: la Iglesia no quiere tener privilegios, pero tampoco está dispuesta a ser discriminada.
La Iglesia en España no está sometida, en términos generales, a un régimen especial en materia de IBI, sino al mismo régimen que se les aplica a otras instituciones no lucrativas del país, según la Ley de Mecenazgo de 2002. En esta ley se especifica cuáles son las asociaciones que tienen derecho a solicitar la exención del IBI: fundaciones, asociaciones de utilidad pública, federaciones deportivas, ONGs de desarrollo que cumplen determinadas condiciones, embajadas, terrenos de RENFE, partidos políticos, sindicatos, confesiones religiosas que tienen reconocimiento del Estado… Para que nos hagamos una idea, el IBI eximido a la Iglesia en Madrid, supone tan solo el 5% del montante total de las exenciones concedidas al conjunto de todas esas asociaciones.
Ni que decir tiene que si un día cambiase el régimen fiscal, la Iglesia asumiría la nueva situación y seguiría sirviendo al bien común; aunque lógicamente habríamos de hacerlo con menos recursos. Confío en que después de lo explicado, se entienda mejor nuestra perplejidad, al comprobar que se ha abierto una polémica sobre el IBI de la Iglesia, de forma exclusiva, en vez de debatir sobre la Ley de Mecenazgo.
Arrastramos el falso sambenito de que el Estado español financia a la Iglesia católica. Para sustentar tal intoxicación, se han llegado a presentar ante la opinión pública datos en los que se contabiliza el dinero de los conciertos con las escuelas católicas, como un dinero de subvención a la Iglesia. ¡Lo cual ya es el colmo! En realidad, lo cierto es que cada plaza escolar de la red pública cuesta al Estado 3.518 € anuales. Sin embargo, el concierto económico del Estado con la escuela católica abona tan solo 1.841 € por plaza. Sacando la calculadora concluimos que la Iglesia ahorra al Estado sólo en materia de enseñanza del orden de 4.399 millones de euros anuales. A dicha cifra habría que añadir la cuantía del ahorro que la Iglesia supone para el Estado en materia de sanidad (con sus hospitales), por medio de Caritas, en el voluntario social… etc. El cómputo total es muy difícil de realizar, dado que algunos conceptos no son fácilmente evaluables. Pero en cualquier caso, los cálculos rondan los treinta mil millones de euros anuales. ¿Cómo es posible que se llegue a deformar y a falsear la realidad, hasta el punto de presentar a la Iglesia como un parásito social que vive del erario público?
Recientemente, un diario nacional de gran difusión y de carácter marcadamente anticlerical, publicaba un reportaje sobre las finanzas de la Iglesia. La Conferencia Episcopal Española envió un artículo rebatiendo en profundidad todas las manipulaciones del reportaje. Pero… ¡el periódico en cuestión se negó a publicarlo! (cf. www.enticonfio.org). La Iglesia quiere cuidar la actitud de sencillez y respeto, sin alimentar las objeciones del anticlericalismo. Pero nadie nos puede pedir que renunciemos a la libertad de expresión, ni a la libertad religiosa. Sabemos y confiamos en que “la verdad nos hará libres” (cf. Jn 8, 32).
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